CONDICIONES PARA REGRESAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID-19 | COMITÉ REGIONAL DE LA INTERNACIONAL DE LA EDUCACION AMÉRICA LATINA

La pandemia del COVID 19 se encontró con una América Latina impactada por cuarenta años de implementación de las políticas del modelo neoliberal. Este modelo ha privilegiado a las corporaciones empresariales, principalmente las vinculadas a la especulación financiera. Eso explica que nuestro continente sea el más desigual del planeta y la brecha entre los ricos y los pobres no ha cesado de crecer. La pandemia con sus consecuencias de parálisis forzosa de la economía vino a instalarse sobre esta crisis preexistente.
Los gobiernos de la región, salvo pocas excepciones, han pretendido privilegiar la actividad económica por encima del aislamiento social, que hasta que no exista una vacuna, sigue siendo la única medida efectiva para evitar la multiplicación descontrolada de los contagios. En consecuencia, con esto las autoridades educativas, presionadas por los grupos empresariales están tratando de forzar la reanudación de los ciclos escolares. Se presiona para reactivar las dinámicas educativas, sin abordar de manera responsable las condiciones requeridas para que todas las poblaciones involucradas puedan volver de manera segura a los centros educativos.
Con excepción del Gobierno de Argentina, los demás gobiernos de la región no han impulsado un diálogo con los sindicatos del sector para resolver los tiempos seguros del regreso a las aulas.
Las y los trabajadores de la educación son los principales defensores del derecho a la educación pública de nuestros pueblos y nunca pondrían obstáculos para el ejercicio de este derecho.
Por tales razones, el Comité Regional de la Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) llama a todas sus organizaciones afiliadas para que demanden condiciones que permitan un regreso seguro a los centros educativos. Por tal razón, como un piso mínimo común para la región, se plantean las siguientes condiciones:

1. Que los gobiernos y las autoridades establezcan procesos de diálogo con las organizaciones sindicales del sector educativo para definir las distintas etapas del regreso a las aulas.
2. Que se generen mecanismos para escuchar las propuestas de los sectores estudiantiles organizados, de forma que puedan participar en la definición de estas etapas.
3. Que se garanticen las condiciones de infraestructura necesarias, con ambientes seguros y adecuados, para prevenir la propagación del virus en los centros educativos: acceso al agua, al jabón y ventilación, entre otros. Es inadmisible que las autoridades de países como Chile y Colombia, profundamente impactados por la pandemia, todavía estén destinando los escasos recursos estatales para subsidiar el negocio de las empresas privadas vinculadas al negocio de las evaluaciones estandarizadas.
4. Que desde el sector público se garanticen las condiciones de protección para todas las personas en los centros educativos. Para esto debe brindarse kits sanitarios, acceso a pruebas, protocolos de distanciamiento prudencial en las aulas u otras medidas con instrumentos protectores.
5. Que se promuevan protocolos para ser aplicados en el transporte público y escolar.
6. Que se refuercen los comedores escolares, tomando en cuenta los nuevos contextos de hambre y desnutrición que están afectando a la región.
7. Que se promueva durante la vigencia de la pandemia y el aislamiento, como un hecho transitorio que no reemplaza la educación presencial, la coordinación entre el sector docente, las universidades públicas y los sectores de investigación pública para definir acciones que apoyen la modalidad de la educación virtual y a distancia.
8. Que se garantice la distribución de estos recursos para las modalidades en línea y se ponga límite al lucro privado en la promoción de plataformas virtuales.
9. Que se garantice el transporte gratuito y/o subvencionado para las y los estudiantes, tomando en cuenta los nuevos contextos de desempleo en miles de hogares en América Latina.
10. Que se provee el material didáctico para aquellos alumnos y alumnas que por su condición de pobreza no tienen acceso a la conectividad y virtualidad.
11. Que se protejan los derechos laborales de las y los trabajadores del sector educativo, que una vez más han demostrado ser clave en generar respuestas para la atención integral a la niñez, la adolescencia y la juventud.
    En el debate público de nuestras sociedades empiezan a ganar espacio las presiones de sectores que impulsan el recorte de salarios del sector público, el desmantelamiento de los sistemas de pensiones y otras medidas de achicamiento presupuestario. Para afrontar las inversiones destinadas a financiar a los sectores afectados por el COVID-19, tanto en términos sanitarios como de políticas sociales, nuestros Estados deben buscar caminos que le permitan elevar su capacidad de obtener recursos genuinos. Para ello proponemos:
12. Avanzar hacia reformas tributarias progresivas sobre la base del principio de que quien más tiene más debe pagar y, en la emergencia, impulsar iniciativas como impuestos a los dueños de grandes fortunas personales.
13. Promover que la deuda externa de los países de América Latina sea condonada o renegociada con plazos largos hasta tanto nuestras naciones recuperen la posibilidad del crecimiento económico.
14. Promocionar la reactivación de la obra pública y el fortalecimiento de las pymes para generar puestos de trabajo y disminuir el desempleo.
15. Reclamar al sector privado empleador la protección de los puestos de trabajo y el respeto de los acuerdos en materia de salarios.
16. Demandar a los gobiernos de América Latina, la creación de una Renta Básica Universal de carácter nacional para garantizar a todos los hogares un ingreso que permita sostener sus necesidades básicas.
17. Promover campañas a través de la Confederación Sindical Internacional (CSI), la Confederación Sindical de las Américas (CSA), Internacional de la Educación (IE), Internacional de la Educación para América Latina (IEAL), para que las organizaciones internacionales de financiamiento acepten condonar la deuda de los países de América Latina, para volcar esos recursos a financiar las políticas de salud, empleo y educación pública.

Los sectores dominantes que siempre fueron reactivos a estas propuestas que hemos formulado, deberían rendirse ante la evidencia que ha puesto al desnudo la crisis del COVID-19: lo insostenible del modelo neoliberal basado en un Estado mínimo que destruyó, entre otras cosas, los sistemas de salud pública y la entregó al lucro privado. Estas políticas, Además de destruir los sistemas de protección social, también han limitado el acceso a la vivienda digna y al agua potable. Todo esto, hace que hoy millones de habitantes de nuestra región estén en una condición de absoluta vulnerabilidad ante la pandemia.
Por ello, la pobreza y el estancamiento derivada de la aplicación del modelo neoliberal en el mundo y en América Latina, se traduce hoy en vulnerabilidad y pérdida de vidas humanas ante la irrupción del COVID-19. Hoy se ve claramente que los países más afectados han sido aquellos que aplicaron de manera inflexible esa receta neoliberal. Esa visión mercantilista los llevó ante el avance de la pandemia a priorizar la economía y el comercio por sobre el valor supremo de la defensa de la vida.
Este darwinismo social puesto en práctica en países como Brasil, Chile, Perú y Ecuador ha generado el mayor caso de casos confirmados y muertes por COVID-19 en la región, seguidos de un segundo grupo de países como Colombia, República Dominicana y Panamá. Pese a todo, en el sector educación, las y los docentes han generado adaptaciones pedagógicas relevantes para continuar los procesos de enseñanza-aprendizaje, muchas veces a costa de jornadas laborales extendidas y extenuantes y con limitación de recursos.
En nuestro sector que casi en un 85% tiene componente femenino, la extensión de las tareas vino a sumarse a los cuidados y roles domésticos, intensificando la desigualdad y disparidad de distribución de labores en las familias en situación de confinamiento. Cabe decir también, que las medidas de aislamiento han expuesto aún más a las mujeres y niñas a situaciones de violencia intrafamiliar, abusos y agresiones, como se evidencia en la mayoría de países con el crecimiento de denuncias por estas razones. Lamentablemente, debemos decir que los femicidios continúan y se acentúan con la pandemia.
Lo cierto es, que la pandemia dejó al desnudo la inconsistencia de la política neoliberal que promete el paraíso del libre mercado. Hoy la realidad nos pone frente a la evidencia de una región que, por su condición de estancamiento y pobreza, es aún más frágil y vulnerable ante el COVID-19.
Las estrategias de recuperación económica de nuestros países no pueden repetir los modelos económicos que trajeron a los Estados de la región a esta condición de vulnerabilidad. No obstante, los sectores privados, corporativos y anti estatales de América Latina –muchos de los cuales están actualmente en los gobiernos– actúan como depredadores y están aprovechando la de cuarentena y de distanciamiento social para concretar procesos de reforma regresivos y

mayores recortes a la inversión pública y a la actuación del Estado, reformas que los sindicatos y los movimientos sociales han combatido en estas décadas.
Ante la imposibilidad de movilización social debido a la pandemia, los sectores privados, corporativos y anti estatales están impulsando legislaciones de trámite rápido para responder a los impactos de la crisis sanitaria, en los cuales se han incluido reformas regresivas laborales, sociales y de previsión social en varios países de América Latina. Presionan además para que se legisle aprobando el uso de recursos públicos y libres de condiciones, para salvaguardar los negocios empresariales.
El movimiento sindical de la región debe tratar de impedir el avance de estas políticas para debilitar a las organizaciones populares y reducir aún más sus derechos. Estamos en el momento de una redefinición del modelo de desarrollo y Estado. En esta redefinición, se debe garantizar el bienestar de la población y los derechos de la clase trabajadora. Más democracia, más respeto por los derechos humanos y más distribución de la riqueza es el único camino para dejar atrás tanta pobreza y desigualdad.

Atentamente

Hugo Yasky CTERA – Argentina Presidente del Comité Regional Internacional de la Educación América Latina

Fátima Silva. CNTE – Brasil Vicepresidenta del Comité Regional Internacional de la Educación América Latina.

William Velandia FECODE – Colombia Vicepresidente del Comité Regional Internacional de la Educación América Latina.

Carmen Brenes ANDE – Costa Rica Vicepresidenta del Comité Regional Internacional de la Educación América Latina.

Roberto Leão CNTE – Brasil Vicepresidente Mundial Internacional de la Educación.

Roberto Trochez COLPROSUMAH – Honduras Integrante Comité Ejecutivo Mundial por América Latina

Nelson Alarcón FECODE – Colombia Integrante Comité Ejecutivo Mundial por América Latina

Elbia Pereira FUM-TEP – Uruguay Integrante Comité Regional Internacional de la Educación de América Latina.

José Olivera FENAPES – Uruguay Integrante Comité Regional Internacional de la Educación de América Latina.

Paola Giménez OTEP – A – Paraguay Integrante Comité Regional Internacional de la Educación de América Latina.

Hamer Villena SUTEP – Perú Integrante Comité Regional Internacional de la Educación de América Latina.

Gloria Arboleda ASPU – Colombia Integrante Comité Regional Internacional de la Educación de América Latina.

Israel Montano ANDES 21 de JUNIO – El Salvador Integrante Comité Regional Internacional de la Educación de América Latina.

Xiomara Guante ADP – República Dominicana Integrante Comité Regional Internacional de la Educación de América Latina.

Mario Aguilar Colegio de Profesores de Chile – Chile Integrante Comité Regional Internacional de la Educación de América Latina.

Marcelo Alejandro Paredes Leonardo Fabián Felman.

CEA – ARGENTINA CEA – ARGENTINA

Secretario de Relaciones Internacionales Secretario General